Es verdad que una persona imputada tiene la posibilidad de salir absuelta del proceso
que corresponda. Dicho de otra manera, ser imputado no quiere decir ser culpable. No obstante, en el mundo de la política los actores precisamente por su
condición deberían de ejercer un comportamiento ejemplar, abandonando sus
responsabilidades para propiciar las mayores facilidades a la Justicia y evitar
todo tipo de suspicacias en la ciudadanía a la que representa. Los valores de
la ética, la moral cívica, la honestidad, entre otros, aconsejan, sin duda, la
dimisión inmediata. Esta actitud quizás levante menos sospechas que la del político
que se amarra a la poltrona y dice una y otra vez que es inocente, sentencia
que corresponde a los jueces y no a una declaración del implicado o implicada
que hace una interpretación subjetiva del proceso. Si el cargo en la política
fuese concebido como lo que es, un servicio público ajeno totalmente a los
siempre oscuros intereses personales, no existiría la "pereza" que en
muchos casos se pone de manifiesto para conjugar en un acto de higiene democrática
el verbo dimitir. En algunos casos se da, pero incluso forzado in extremis por
la propia formación a la que pertenece. Es raro ver a un político que ante la
imputación salte de manera automática de su "sillón". Esto explica el
fenómeno de la degradación de la política, el descontento reflejado en las
encuestas cuando se pregunta por los políticos y por tanto la necesidad
imperiosa de una regeneración. Esta reflexión que hoy hago no es la primera ni lamentablemente será la última. Surgen casi a
diario casos que la provocan. El más reciente, el alcalde de
Lugo, que resulta imputado en la operación Pokemon y descarta dimitir e incluso
si pierde el apoyo de su socio, el BNG, López Orozco está dispuesto a gobernar en minoría.
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