Siempre
la sociedad va por delante de la gestión de los políticos que, al final, actúan
apurados por la contestación ciudadana. Lo acabamos de ver con el dramático
asunto de los desahucios. La reacción primera del gobernante cuando se produce
la movilización cívica es la de firmeza. El político cree que tiene la razón y
si lo duda es igual, hay que mostrarse impertérritos ante la "algarada",
actitud rebelde que se loa y justifica cuando el partido de turno está en la
oposición y, por el contrario, es denostada cuando esa misma formación toma las
riendas del poder. El doble lenguaje, la doble moral, cinismo, hipocresía. A lo
que iba. Acabamos de ver como en un par de horas las dos representantes del
Gobierno, Saenz de Santamaría, y del PSOE, Elena Valenciano, llegan al acuerdo
de que hay que revisar la ley para frenar la manifiesta injusticia de los
desahucios. Y para ello hubo que esperar a que un sector importante de afectados
quedase en la puñetera calle, con una mano delante y otra detrás. Fue necesario
que alrededor de cada caso se apiñara un grupo de ciudadanos utilizando la
megafonía contra las decisiones de los bancos, esas entidades a las que les
estamos dando dinero para que, llegado el momento, nos soplen la vivienda y nos
exijan, además, seguir pagando y lo que haga falta. Fue necesario que los
propios jueces alzasen la voz para, al mismo tiempo, lavar esa posible imagen
de ejecutores implacables o de "cobradores del frack" que podrían
estar generando. En suma, podríamos citar un sinfín de casos de distintas índole
en los que tiene la ciudadanía que mostrar su hartazgo para que los políticos
se impliquen, legislen y busquen soluciones. Lamentable conclusión.
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