En una localidad alicantina, una ciudadana fotografía el coche de la Policía Local mal aparcado, acompaña el documento gráfico de un comentario crítico y los agentes le endosan "ipso facto" una multa de 800 euros. ¡Gracias a la Ley mordaza del Gobierno de España!
Los agentes podrán disponer del espacio que quieran para aparcar su coche en un caso de emergencia, pero lo que no pueden nunca en un país democrático y "normalito" es constituirse en juez y parte, es decir, al verse fotografiados imponen una multa, cuya cuantía decretan ellos mismos, sin tutela judicial para el "fotógrafo", que en todo caso se verá obligado a emprender posteriormente un trámite de recurso con los trastornos y gastos que ello comporte. Y eso lo hace la Policía amparada en la Ley Mordaza -antes no podrían actuar de esa manera- en virtud de la cual, la Administración asume el papel de juez y sanciona a su juicio y criterio. Utilizan un artículo que prohíbe la toma de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de que "pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respecto al derecho fundamental a la información".
Primero, que para nada incumple la letra. La foto no pone en peligro a nada ni a nadie. Segundo, lo que tendrían que hacer los agentes, si viesen mancillada su imagen, es denunciar el caso para que fuera la Justicia quien dictaminase si existía o no delito o falta. Pero este Gobierno con sus decretos y leyes nos está convirtiendo en un país de pandereta y castañuela. Cabe esperar que el Constitucional tumbe una ley que es infumable, que recorta las libertades públicas y nos devuelve a "longa noite de pedra", que escribiera el poeta gallego Celso Emilio Ferreiro.
Es mi modesta opinión.
Los agentes podrán disponer del espacio que quieran para aparcar su coche en un caso de emergencia, pero lo que no pueden nunca en un país democrático y "normalito" es constituirse en juez y parte, es decir, al verse fotografiados imponen una multa, cuya cuantía decretan ellos mismos, sin tutela judicial para el "fotógrafo", que en todo caso se verá obligado a emprender posteriormente un trámite de recurso con los trastornos y gastos que ello comporte. Y eso lo hace la Policía amparada en la Ley Mordaza -antes no podrían actuar de esa manera- en virtud de la cual, la Administración asume el papel de juez y sanciona a su juicio y criterio. Utilizan un artículo que prohíbe la toma de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de que "pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respecto al derecho fundamental a la información".
Primero, que para nada incumple la letra. La foto no pone en peligro a nada ni a nadie. Segundo, lo que tendrían que hacer los agentes, si viesen mancillada su imagen, es denunciar el caso para que fuera la Justicia quien dictaminase si existía o no delito o falta. Pero este Gobierno con sus decretos y leyes nos está convirtiendo en un país de pandereta y castañuela. Cabe esperar que el Constitucional tumbe una ley que es infumable, que recorta las libertades públicas y nos devuelve a "longa noite de pedra", que escribiera el poeta gallego Celso Emilio Ferreiro.
Es mi modesta opinión.
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